Vivir para contarlo, contarlo para qué.
A propósito del evento “Vivir para contarlo: el testimonio como documento de la época de la violencia en el Perú (1980-2000)”
María Rodríguez Jaime Historiadora - UNMSM
El día lunes 10 de agosto, en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) se presentó un evento dirigido a universitarios, titulado “Vivir para contarlo: el testimonio como documento de la época de la violencia en el Perú (1980-2000)”. Se trataron dos ejes centrales: la presentación del trabajo realizado hasta la fecha por el Centro de Documentación e Investigación del LUM y la importancia del testimonio en la formulación de políticas públicas.
Sobre el primer punto, el Centro de Documentación e Investigación del LUM indicó que ha logrado recopilar unos 10, 000 documentos relacionados al periodo de violencia política, que próximamente serán incorporados en una plataforma virtual on-line para que estén a disposición del público. Además, presentó 100 documentos audiovisuales correspondientes a los testimonios ofrecidos en las audiencias públicas organizadas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) que han sido colocados en la plataforma Youtube, para su libre acceso.
Subir estos testimonios al ciberespacio es un primer paso, definitivamente valioso, puesto que uno de los fines archivísticos es el servicio, esto es, facilitar el acceso del usuario al recurso documental. Los testimonios de la CVR y toda la documentación generada por esta entidad se encuentran guardados en el Centro de la Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Son públicos, cualquier persona puede solicitarlos y verlos. Pero tienen que acudir a las instalaciones de la Defensoría. El hecho que estén en la web, sin duda, agiliza su acceso a quien tenga a la mano una computadora y esté conectado o conectada a la red.
Revisando los testimonios en Youtube, encontramos algunos aspectos técnicos que podrían mejorar, para justamente cumplir a cabalidad el objetivo de lograr la accesibilidad del recurso, por ejemplo, colocar la fecha en que se realizó la audiencia y la fuente original: el Centro de Documentación para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos, quien ha sido celoso depositario de este y tantos otros documentos de la CVR por más de 10 años. Por otro lado, los testimonios están ordenados de acuerdo al nombre del testimoniante y si bien se reconoce que este mecanismo es para valorar la participación de cada uno de ellos en las audiencias, esta forma de presentar los testimonios puede complicar el método de búsqueda. Sería mucho más accesible contar con un buscador que permita ubicar el testimonio a través de palabras clave como el nombre del caso, la zona, la afectación, el año de ocurrencia de la afectación. Estos son metadatos que parten de una previa ficha descriptiva que contiene todo documento archivístico.
Por otro lado, el otro eje de la discusión fue si el testimonio servía para la formación de políticas públicas, en este caso políticas de memoria. En las últimas décadas, un componente importante de estas políticas de memoria son los archivos. Estos han tomado un giro en su significación e importancia, especialmente en los países del Cono Sur que han sufrido gobiernos autoritarios y dictaduras, pues no se generan ‘para preservar en función de una misión histórica’ (Jelin, 2002:6), sino que al ser archivos de la historia reciente de un país, su fin es preservar la memoria- y como sabemos, la memoria es múltiple, controversial, y casi siempre antagónica.
Un tipo de archivo de la violencia política, son los producidos por las Comisiones de la Verdad (1) . Ellas recopilan diversa variedad de documentación, no solo de archivos públicos o privados, sino también recogen testimonios que dan cuenta de la represión que vivieron miles de personas, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales, en síntesis, la violación sistemática de sus derechos humanos durante los periodos de dictadura o conflicto. Estos testimonios y los documentos en general, se constituyen en información paralela a la visión oficial o institucional del gobierno de turno represor; busca conocer la experiencia de los que directamente vivieron la violencia y quienes se sintieron más vulnerados. Como menciona Luzmila da Silva Catela (2002), los archivos son lugares de memoria y de historia, pues tienen una ‘doble propiedad’ al ser “(…) instituciones que no (solo) son pasivas intermediarias para la producción de historia, sino que también son activas gestoras de memorias” (2002: 207).
Entiendo que esta concepción es la que ha prevalecido para colocar los testimonios de la CVR en el ciberespacio, y todo el sentido alrededor del Centro de Documentación e Investigación del LUM. El usuario objetivo son investigadores, docentes, artistas, todo aquel que tenga el interés de conocer y acercarse al periodo de violencia política que vivió nuestro país entre 1980 y el 2000. Entre toda la documentación que contiene un archivo, el testimonio se convierte en un recurso pedagógico poderoso para sensibilizar a quien escucha, pues como mencionó una de las ponentes, a diferencia del texto escrito, el recurso audiovisual nos permite escuchar a la víctima, nos ofrece un rostro y por ende, humanizamos la experiencia y acompañamos el relato.
Sin embargo, a puertas del décimo segundo aniversario de la CVR vale la pena preguntarnos si sentir emociones como empatía o indignación con la víctima contribuye al debate de construcción de políticas públicas de memoria que nos permita re-educar y re-educarnos en democracia y bajo un enfoque de derechos humanos. Porque Keiko Fujimori está en el primer lugar de las encuestas con más 30% de aprobación (2) . Y frente a la inseguridad ciudadana, la pena de muerte para los delincuentes es un clamor bastante difundido.
Por otro lado, también es muy importante preguntarnos qué ha significado testimoniar para las víctimas. Con la CVR se abrió un espacio de oportunidad para las víctimas, no solo de ser escuchadas, sino también la oportunidad de que con ese testimonio, su situación personal iba a cambiar. Pero esto no fue así. No hubo mayores cambios a su favor. En el año 2005 se aperturó el Registro Único de Víctimas, para que los afectados y afectadas pueda acceder a reparaciones, y nuevamente, estas personas tuvieron que dar su testimonio para ser consideradas como víctimas por el Estado y tener derecho a un resarcimiento. Y hoy sabemos que el proceso de reparación a las víctimas de la violencia no es una prioridad en la agenda política. Desde hace varios años se exige la derogación del DS 051-2011-PCM (que restringe el cobro de la reparación económica a las víctimas inscritas hasta el año 2011), la ampliación de la reparación en educación a los hijos de las víctimas, la apertura de una Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, entre otras demandas. Ni qué decir del sistema judicial, donde las denuncias, en su gran mayoría, están pendientes o son archivadas porque las Fuerzas Armadas no colaboran en ofrecer a las autoridades judiciales información sobre las acciones perpetradas por sus miembros, institucionalizando la impunidad.
A lo que voy es que una política pública de memoria no puede estar desligada de las políticas de reparación y justicia, y eso lo entendemos solamente dialogando permanentemente con las diversas organizaciones de víctimas y de desplazados. La ciudadanía se construye de manera integral, no en tajadas. Sería importante que el LUM, que es el encargado de estas políticas de memoria, impulse campañas más abiertas con otras entidades del Estado que tengan entre sus roles, impulsar políticas públicas para contrarrestar la violencia de los años 80 y 90. De esa manera, podremos ver políticas que verdaderamente cambien la vida de las personas, y no lo que hoy prevalece: acciones individuales, de buena fe, pero aisladas y desintegradas. Es una tarea titánica, pues sabemos que el gran aparato estatal al cual pertenecen casi siempre es también su propio enemigo. Sin embargo, es muy importante nunca perder de vista esta perspectiva.
Video resumen del conversatorio
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(1) Anne Perotin (2007) reconoce otros tres tipos de archivos de los periodos de violencia: los archivos de los organismos de derechos humanos, los archivos de la represión generados por instituciones policiales y militares; y los archivos privados de personalidades civiles o militares así como de formaciones políticas.
